Bulmaro Pacheco
Los primeros síntomas de la nueva degradación política que México padece han sido los frecuentes cambios de partido político por parte de quienes hicieron de la política una auténtica aventura y, en ocasiones, un magnífico negocio de corte personal y familiar. No por nada la práctica del nepotismo en las administraciones públicas ha vuelto a tomar carta de naturalización, después de que por años fue combatida a través de reformas legales.
Es como una enfermedad crónico-degenerativa de los partidos políticos: no tiene remedio, pero se puede regular.
El transfuguismo se puso de moda a partir de la creación de nuevos partidos políticos y de las crisis de representación que afectaron a gran parte de ellos. También se ampara bajo el esquema del ejercicio de las libertades ciudadanas, que es en lo último que piensan quienes proceden así.
Por eso en los últimos años se ha dificultado la conformación de una clase política consistente, que trascienda generaciones y partidos. Al parecer, a muchos se les terminaron por desgastar las banderas de lucha que caracterizaron a los políticos de antes, quienes dedicaban la mayor parte de su vida a luchar por lo que creían justo y necesario para sus pueblos.
Casi se acabaron los luchadores en materia agraria. Ahora solo quedan las comunidades indígenas que por años han resistido las amenazas de despojo de sus territorios y que se siguen defendiendo, a altos costos, frente a las nuevas ofensivas de la delincuencia organizada, que no repara en gastos para hacerse de territorios, incluidos los de propiedad comunal.
Casi se extinguen los dirigentes sindicales que por muchos años pelearon por una aplicación justa del artículo 123 constitucional y de sus leyes reglamentarias, como la Ley Federal del Trabajo, y por todo lo relacionado con el derecho a la vivienda. Ahora esos luchadores lucen cooptados por el oficialismo y se mueven al ritmo que desde ahí se les marca. Se acabó el coraje, la visión y, al parecer —lo peor—, el compromiso de clase con sus representados. Supieron acomodarse mediante ofertas políticas de representación y buen trato que no les han cumplido.
Ahora los hacen ir por el mundo declarando las bondades del nuevo salario mínimo, como si eso fuera todo. Y se olvidan de los esquemas de representación política que mantienen a las organizaciones sindicales en permanente crisis por el dominio de grupos de poder —los que reciben los beneficios— que aspiran a quedarse con los liderazgos hasta el final de sus días, muy al estilo del México antiguo, que terminó por dar un vuelco a esos modos de manejo con la introducción de nuevas reformas legales para asegurar los relevos institucionales y evitar la petrificación de figuras y personajes en los liderazgos.
Algo pasa con el movimiento juvenil en México, que ha perdido inspiración y capacidad de movilización. Los problemas aislados en las máximas casas de estudio (corrupción en el IPN y problemas con el examen de admisión en la UNAM) no han tenido mayores repercusiones en las instituciones de los estados. Con los nuevos enfoques de la educación superior instrumentados desde 2018 se confundieron metas y objetivos en ese nivel de estudios. Ahora se respira improvisación, exceso de triunfalismo, carreras no pertinentes para las comunidades donde se instalan los nuevos proyectos y un aislamiento total de los jóvenes que no han tenido que ver con ellos. ¿Resultados? Apatía juvenil, desencanto y un fuerte temor por el futuro que las nuevas autoridades no han podido atender con eficacia. Los jóvenes lucen despolitizados: no quieren saber nada de los partidos políticos y menos de los candidatos o aspirantes a cargos de representación. Sus luchas ahora tienen otros motivos y tienen que ver más que nada con la inseguridad y la falta de certezas sobre lo que sigue para ellos.
La nueva degradación política le llega a la población a través de la información que, en su mayor parte, despliegan las redes sociales. Ya casi nadie cree en la información oficial, que genera desconfianza y un rechazo casi absoluto.
Los recientes escándalos de corrupción en el poder público nos regresaron a etapas ya superadas en la historia de México, y es ahí donde se registra un punto muy importante de la degradación que estamos viviendo.
El nuevo gobierno federal, instaurado de 2018 en adelante, no quiere castigar a nadie que pertenezca a sus filas de activistas, por más graves que aparezcan los delitos cometidos. ¿Rocha Moya? No hay pruebas, dicen, cuando todos sabemos que abundan. ¿Los hijos del presidente López Obrador? No hay expedientes abiertos contra ellos, por razones políticas. ¿El excoordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López? Tampoco hay pruebas, dicen, a pesar de las constantes declaraciones sobre sus vínculos con la delincuencia organizada en el estado de Tabasco y de su escandaloso enriquecimiento personal. ¿Los implicados en el huachicol fiscal? Algunos ya están detenidos, dicen, pero se guarda silencio cuando la mira apunta más arriba, hasta llegar a los familiares del expresidente. ¿Y qué le irá a pasar a Guadalupe Taddei ahora, con los escándalos de corrupción en el INE? Por ahora tratan de desligarla de Morena y del grupo en el poder para que no los salpique, cuando todos saben cómo llegó en 2023 a la presidencia del organismo electoral y quiénes la apoyaron para estar entre los cinco finalistas.
La neodegradación política que hoy se experimenta en México es un fenómeno nuevo, impulsado de 2018 a la fecha.
Toda una cadena de simulaciones (la megafarmacia), mentiras (somos el país más democrático del mundo), cooptaciones políticas (con aliados y nuevas adquisiciones) y cerrazón con los adversarios (cero diálogo en ocho años) muestra un nuevo modelo de acción política que, por fortuna, ya presenta signos de agotamiento en muy poco tiempo.
No solo el transfuguismo: también la compraventa de liderazgos, la carencia de ideas para un buen gobierno y el culpar todos los días al pasado de los problemas actuales han contribuido notablemente a esa degradación, pero al parecer no les importa y quieren seguir por esa ruta. Los altos niveles de impunidad en los sistemas de impartición de justicia son apenas una muestra de todo ello y han sido uno de los elementos que mayor irritación social han causado entre la población. Y eso que todavía falta ver cómo terminará la economía mexicana en 2026, con mensajes directos para el proceso electoral de junio de 2027. Habrá que estar pendientes.
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