Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2026.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participó en la apertura de las audiencias públicas sobre la iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), presentada por el Ejecutivo Federal. Más de 130 personas y organizaciones se inscribieron en este ejercicio de parlamento abierto, realizado en la Cámara de Diputados.
Durante tres días se escuchará a representantes de la academia y la investigación; comunidades indígenas y rurales; personas defensoras y activistas ambientales; organizaciones de la sociedad civil; sectores productivos, comerciales y turísticos, así como autoridades ambientales de los distintos órdenes de gobierno.
“Una iniciativa histórica como esta debe construirse bajo la democracia participativa, el debate legislativo y debe ser enriquecida por todas las voces”, estableció Bárcena Ibarra. “No pretendemos tener una ley escrita por unas cuantas manos. Queremos una normatividad enriquecida por quienes viven junto a ríos y bosques; por las organizaciones que han defendido nuestro patrimonio natural; por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; por la academia y la ciencia, y por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Quienes producen, invierten y generan empleos merecen reglas claras. Se trata de dar certeza jurídica para las nuevas generaciones”, añadió.
La secretaria recordó que la LGEEPA de 1988 dio sustento jurídico a las instituciones ambientales del país y que, tras las reformas realizadas en 1996, es necesario actualizar ese marco. “Hemos heredado muchos pasivos ambientales y la LGEEPA responde a los actuales desafíos en materia de cambio climático, que presionan cada vez más y con mayor fuerza y frecuencia a los bosques, manglares, arrecifes y humedales”, señaló.
Explicó que la propuesta busca hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano y fortalecer los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental previstos en el Acuerdo de Escazú. Subrayó, además, la necesidad de proteger a quienes defienden la naturaleza: “cuidar a los que nos cuidan”.
Entre las herramientas planteadas se encuentra la evaluación ambiental estratégica, que permitiría incorporar una visión preventiva de cuencas y ecosistemas en la planeación. Bárcena Ibarra precisó que esta herramienta no sustituye la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto. Añadió que la iniciativa busca fortalecer la procuración de justicia ambiental mediante la Profepa y dar mayor claridad a las competencias de la Federación, los estados y los municipios.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó. Por ello, sostuvo que la nueva legislación debe contribuir a prevenir los daños antes que repararlos, conservar y restaurar los ecosistemas, y gestionar el territorio con la gente y con una visión de largo plazo.
En la apertura estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho; la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gabriela Benavides Cobos; la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático del Senado, Maki Esther Ortiz Domínguez, y el diputado Joaquín Zebadúa Alva, entre otros legisladores y representantes del sector ambiental.