Fuente: Orgullo Minero
Chalchihuites, Zacatecas, a 14 de mayo de 2026.- La situación laboral en la mina La Colorada, operada por la empresa canadiense Pan American Silver en Chalchihuites, Zacatecas, ha escalado a un nuevo nivel de tensión, luego de que trabajadores y ex trabajadores cuestionaran públicamente la legalidad del estallamiento de huelga promovido por el Sindicato Nacional Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, así como posibles irregularidades en la representación sindical y el manejo de las utilidades de la empresa.
De acuerdo con testimonios y documentación recabada por Orgullo Minero, trabajadores aseguran que durante años desconocieron la existencia de un Contrato Colectivo de Trabajo firmado desde 2013 entre la empresa y el sindicato minero. Según los señalamientos, gran parte del personal operó bajo la creencia de que laboraba mediante contratos individuales, mientras diversos convenios sindicales eran firmados sin conocimiento de las bases trabajadoras.
El conflicto actual tiene dos fechas clave: el estallamiento de huelga promovido por el Sindicato Minero el 24 de febrero para evitar la realización de un recuento de votos para determinar qué organización sindical ostentaría la representación de los trabajadores y sería el titular del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el paro laboral iniciado por un grupo mayoritario de trabajadores inconformes el 7 de mayo, motivado principalmente por el descontento relacionado con el reparto de utilidades (PTU), presuntas irregularidades sindicales y despidos de trabajadores vinculados a movimientos de organización laboral alterna, mismos que cuentan con el respaldo de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).
EL ORIGEN DEL CONFLICTO: UTILIDADES Y REPRESENTACIÓN SINDICAL
Trabajadores aseguran que durante años la empresa reportó utilidades mínimas o incluso inexistentes para reparto entre los empleados, situación que comenzó a ser cuestionada por grupos internos que empezaron a revisar información relacionada con producción y ganancias. Según testimonios, integrantes de una comisión de trabajadores detectaron inconsistencias entre los reportes entregados a los empleados y los niveles reales de producción minera.
Versiones recabadas señalan que inicialmente se entregaban únicamente carátulas simplificadas donde se afirmaba que no existían utilidades a repartir, mientras posteriormente se habría identificado documentación donde se reportaban montos millonarios de PTU.
Trabajadores afirman que para el ejercicio actual existirían aproximadamente 120 millones de pesos correspondientes al 10% de utilidades legales, de los cuales únicamente se habría negociado una parte cercana a 70 millones por el tope del pago de utilidades que, dicho sea de paso, fue aprobado por Napoleón Urrutia en su calidad de senador de la República ocupando la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión, quedando alrededor de 50 millones pendientes de negociación, situación que detonó inconformidad entre diversos grupos laborales.
Los inconformes sostienen que la protesta laboral no buscaba inicialmente desplazar al Sindicato Minero, sino exigir transparencia en la negociación del reparto de utilidades y la posibilidad de participar directamente en la defensa de sus derechos laborales.
DENUNCIAS SOBRE AFILIACIONES PRESUNTAMENTE IRREGULARES
Uno de los señalamientos más delicados apunta a presuntas afiliaciones sindicales realizadas en 2023. De acuerdo con testimonios, trabajadores habrían sido trasladados a un hotel en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, para firmar documentos de incorporación al Sindicato Minero. Algunos aseguran que quienes se negaron a firmar fueron posteriormente despedidos.
Además, los denunciantes afirman que personal ligado a la empresa habría participado directamente en el proceso de afiliación sindical, incluyendo presuntamente al apoderado legal de la compañía minera Alejandro Fernández.
Las versiones indican que muchos trabajadores desconocían completamente que ya existía un sindicato titular del contrato colectivo desde años atrás, sino que fue hasta que buscaron el registro ante la STPS de la Coalición de Trabajadores al Servicio de la Empresa Plata Panamericana S.A. de C.V. que se dieron cuenta que tenían un contrato de protección patronal bajo la titularidad del Sindicato Minero Nacional.
Asimismo, continúan surgiendo elementos que evidencian el clima de confrontación laboral y jurídica alrededor de la mina La Colorada. Entre los documentos se encuentra un formato de afiliación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana, adherido a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), utilizado para solicitar el ingreso y reafiliación de trabajadores.
Existen copias de un “Acuerdo mediante el cual se decretan medidas de protección”, emitido dentro de la carpeta de investigación 2283/2026 por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, derivado de una denuncia presentada por Alejandro Fernández Ramírez Buendía, representante de la empresa Plata Panamericana S.A. de C.V., por hechos con apariencia del delito de extorsión. El documento se señala a diversos trabajadores.
Las medidas impuestas incluyen: prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido y restricción para acercarse al domicilio o lugar donde se encuentre la parte denunciante, aunque dicho documento no menciona que el domicilio del apoderado legal se encuentra en otro estado de la República y que los trabajadores habitan en el campamento de la mina 14 días por 10 de descanso, convirtiéndose su lugar de trabajo, en su domicilio.
La resolución argumenta que el bloqueo en los accesos de la mina habría incrementado riesgos ambientales y operativos, además de poner en riesgo al personal que permanece al interior de las instalaciones, aunque, considerando que “existe una huelga” no debería haber personal laborando, sino únicamente los trabajadores que resguardan el lugar.
Otro de los documentos corresponde a un escrito fechado el 9 de mayo de 2026, firmado por “Las y los trabajadores unidos de Plata Panamericana, S.A. de C.V.”, dirigido a la empresa, donde manifiestan inconformidad por presuntas amenazas relacionadas con bonos y condiciones laborales en el contexto de la huelga.
En dicho escrito, los trabajadores:
- Solicitan invalidar la comisión de PTU vinculada al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
- Afirman que dicha comisión no fue elegida por la base trabajadora.
- Desconocen a ese sindicato como su representación laboral.
- Solicitan abrir mesas de diálogo directas con la empresa para negociar el excedente de utilidades.
DESPIDOS Y MEDIDAS JUDICIALES
Trabajadores vinculados a movimientos independientes aseguran haber sido despedidos tras participar en reuniones para discutir nuevas formas de representación laboral o afiliaciones a organizaciones sindicales distintas.
Posteriormente, algunos de estos trabajadores recibieron medidas judiciales derivadas de denuncias por presunta extorsión y afectaciones a la empresa, situación que sus asesores consideran irregular, argumentando que las acusaciones fueron tramitadas bajo esquemas de naturaleza penal, pese a tratarse de hechos relacionados con derechos laborales.
Los inconformes sostienen que nunca bloquearon accesos de emergencia ni pusieron en riesgo instalaciones estratégicas, señalando que durante el paro ha permitido el acceso de personal de seguridad, bomberos, mantenimiento y áreas esenciales.
CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA LEGITIMIDAD SINDICAL
Otro de los puntos que más polémica ha generado es la integración del supuesto comité local ligado al Sindicato Minero. De acuerdo con trabajadores entrevistados, quienes actualmente ostentan carteras sindicales dentro del llamado comité local carecen de antigüedad suficiente dentro de la mina, además de que varios habrían ingresado recientemente a laborar. Trabajadores afirman que en La Colorada nunca se realizaron asambleas locales para elegir representantes sindicales y que las carteras fueron asignadas directamente.
También aseguran que apenas en abril comenzaron procesos formales de afiliación masiva, lo que incrementa las dudas sobre cómo se constituyó previamente una estructura sindical local.
TRABAJADORES VINCULADOS A LA FNSI PIDEN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
Los trabajadores simpatizantes de la FNSI han solicitado la intervención y presencia de autoridades laborales federales para que observen directamente lo que ocurre al interior y exterior de la mina La Colorada, exigen que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice una auditoría a la empresa minera para revisar los montos reportados por concepto de utilidades, así como la información financiera relacionada con producción y ganancias actuales y de años anteriores.
Piden que directivos corporativos de Pan American Silver provenientes de Vancouver acudan personalmente a la mina para dialogar con los trabajadores y conocer de primera mano el nivel de tensión laboral y sindical que enfrenta actualmente la operación minera en Zacatecas.
La documentación, testimonios y acciones legales surgidas en las últimas semanas reflejan que el conflicto en La Colorada ya no se limita únicamente al ámbito sindical, sino que se encuentra escalando hacia dimensiones legales, operativas, financieras y de seguridad, en un contexto de alta tensión entre grupos de trabajadores, representación sindical y empresa. Pareciera que existe complicidad y un plan orquestado entre la empresa y el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia para controlar la representación laboral dentro de La Colorada, señalan los propios afectados.
El desenlace de este conflicto podría convertirse en un precedente relevante no solo para La Colorada, sino para futuras disputas laborales dentro de la minería mexicana, mismas que podrían subsanarse si las organizaciones sindicales actúan con transparencia y legitimidad hacia sus agremiados y con legalidad ante las autoridades laborales.