Por: Mariela Arvayo
Cananea, Sonora, a 07 de enero de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos invalidar una norma impulsada por el Congreso del Estado de Sonora, la cual formaba parte de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y que obligaban a los ciudadanos a solicitar un permiso previo para realizar protestas o manifestaciones públicas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó que estas normas convertían la protesta en una “excepción” condicionada a permisos estatales, abriendo la puerta a la censura previa y vulneraba la libertad de expresión y reunión, un derecho reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aunque algunos legisladores defendieron la ley, alegando que buscaba garantizar seguridad y el orden durante las manifestaciones. Sin embargo, la SCJN consideró que la normativa era ambigua y permitía a las autoridades decidir de forma arbitraria quién podía manifestarse.
Cabe resaltar durante los últimos meses del 2025 los Ayuntamientos de Sonora debatieron estas reformas, de manera local, en Cananea la propuesta de reforma al bando de policía y gobierno fue analizada y aprobada el 23 de octubre en la sesión ordinaria No. 15, donde la alcaldesa Esmeralda González, expresó que dicho proyecto se trataba de una herramienta para preservar el orden, cultivar la armonía y confianza entre el gobierno y la sociedad, para promover no solo la sanción de faltas administrativas, sino también prevenir conflictos y la restauración del tejido comunitario.
En dicha reforma se estableció como faltas al orden público y a la tranquilidad social realizar cualquier tipo de manifestación en la vía pública alterando con ello la tranquilidad social, y/o sin previo aviso de la autoridad municipal, punto que después fue aclarado en un video en redes sociales por el secretario del Ayuntamiento de Cananea, César Fuentes, donde el funcionario explicó que no se requería un permiso, sino que se trataba de un aviso hacia el municipio, para que las manifestaciones se realicen de forma pacífica y ordenada, además dijo la intención era brindar garantías y medidas preventivas a la población en cuestión de seguridad, como el cierre de validades, desviación del tráfico, entre otras.
Ciertamente este fue uno de los cambios efectuados al bando de policía y gobierno que causó mayor controversia entre la población de Cananea, el restringir en cierta medida el derecho fundamental a la libertad de expresión que establece la máxima ley, y que es un recurso que los ciudadanos han utilizado en reiteradas ocasiones para alcanzar acuerdos, protestar o manifestarse, desde los mineros de la Sección 65 y otros sindicatos existentes, como los maestros, trabajadores de maquilas, del sector salud, además de grupos que levantan la voz ante inconformidades, como comerciantes, mineros retirados, emprendedores, viudas de policías, buscadoras de desaparecidos, colectivos feministas, LGBTIQ+, entre otros.