Cananea, Sonora, a 06 de agosto de 2025.- Un 6 de agosto de 2014 ocurrió el que fue considerado ek peor desastre ambiental causado por la minería en México, cuando derivado de una falla estructural, la empresa Grupo México vertió 40 mil metros cúbicos de lixiviado de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas de Cananea, derrame que posteriormente alcanzó los ríos Bacanuchi y Sonora en una zona que abarcó 271 kilómetros lineales del cauce del río, perjudicando a 24 mil habitantes.
A 11 años de distancia de este acontecimiento, los pobladores de las comunidades afectadas, entre ellas Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y zonas rurales de Hermosillo, han integrado los Comités de Cuenca del Río de Sonora, quienes denuncian que aún no existe una remediación ni respuesta a los severos daños que provocaron los residuos tóxicos en agua y tierra, así como en la salud de animales y humanos.
Durante los días domingo, lunes y martes en la ciudad de Hermosillo se reunieron diversas agrupaciones de lucha, ambientalistas y líderes de movimientos sociales, quienes además de abordar la problemática del Río de Sonora, manifestaron su rechazo a la construcción de las 3 presas, así como a la instalación y entrada en operación de la planta de licuefacción de gas que a través de grandes embarcaciones en Puerto Libertad desplazará a la fauna marina, entre otras afectaciones.
El día domingo se celebró el 3er Festival por la Vida y el Agua en Sonora, con apertura a presentaciones artísticas, donde con obras de teatro, música y lecturas, se abordó la protesta ambiental, posteriormente el lunes se reunieron los integrantes de dichos movimientos para tomar acuerdos y el día martes en rueda de prensa en la Plaza Emiliana de Zubeldía, donde hace un año instalaron el antimonumento, develaron una placa y realizaron una vigilia en memoria a 3 compañeros que se adelantaron en el camino de esta lucha.
En el marco del 11 aniversario del derrame de tóxicos, en dicha rueda de prensa los Comités de Cuenca del Río de Sonora manifestaron un pronunciamiento dirigido a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, donde establecieron 6 demandas, a continuación se comparte íntegro el documento.
A once años de que Grupo México contaminara las aguas y tierras de los ríos Bacanuchi-Sonora, denunciamos a la empresa, al gobierno federal, y al gobierno estatal por el desinterés, el abandono, e incluso el retroceso que vivimos las comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
Los Comités de Cuenca Río Sonora levantamos la voz ante la simulación y el discurso oficial que promete justicia, pero que al mismo tiempo nos da la espalda. Esta negligencia ha resultado en que, a once años del derrame, seguimos tomando agua contaminada, no tenemos acceso a un sistema de salud especializada, no hay remediación ambiental adecuada, y las secuelas sociales crecen cada año. Lo que es aún más grave es que esto sucede con la total indiferencia de las autoridades, quienes están más interesadas en construir presas para llevarse el agua del río Sonora, que en atender la urgencia ambiental que prevalece en la cuenca.
Es cierto, aquí la responsabilidad del derrame la tiene Grupo México, sus prácticas corporativas y su capacidad tan grande de intervenir en la política. Pero la vergüenza debería caer sobre el gobierno estatal y federal, que nos han venido a dar montones de discursos sobre su compromiso con las comunidades, para que luego se den la vuelta y tornen decisiones que en nada nos benefician. Las instituciones de gobierno siempre tienen argumentos para no empezar a trabajar, dicen que no está en sus facultades tomar acciones, o que no tienen presupuesto porque Grupo México no ha pagado. A estas alturas, escudarse en que Grupo México no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es un acto de cobardía y de falta de voluntad; es no aceptar que ellas y ellos como funcionarios deben garantizar nuestros derechos humanos y deben obligar a la empresa a pagar, porque en este momento Grupo México está por encima de la Estado.
Ha pasado más de una década, y ya es el tercer gobierno federal y estatal: ya existe una corresponsabilidad público-privada. Ha sido el propio gobierno federal quien ha reconocido públicamente que en 2014 los funcionarios actuaron en contubernio y complicidad con Grupo México, simulando la reparación de los daños y dando carpetazo al caso, lo que los coloca en una posición de corresponsables de los daños ocasionados al ambiente y a la salud humana, mismos que se siguen acumulando. Actualmente las autoridades se escudan diciendo que «el que contamina paga», pero no es suficiente decirlo deben tomar acciones contundentes para que pague el responsable.
Hace ya cuatro años que las autoridades federales tienen evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población del Río Sonora y hace dos años que cuentan con un dictamen oficial de la SEMARNAT que comprueba la persistencia de la contaminación ambiental. El tiempo pasa y no hay acciones concretas, solo promesas.
Presidenta Claudia Sheinbaum, sus funcionarios no le están diciendo la verdad. En la cuenca del Río Sonora no hay trabajos serios de potabilización para tomar agua libre de metales pesados, no hay atención especializada a la salud, y no hay reparación del daño. Tampoco existe un plan de trabajo oficial. Todo lo que usted escucha en los resúmenes viene de mesas de diálogo que hemos sostenido con distintas secretarías, y que no han dado resultado a favor de nosotros, pues lo que caracteriza estas reuniones son propuestas sin fundamento, que representan un retroceso en comparación con los primeros planes de atención. Cada vez que nos reunimos cambian los planes, y no tienen fecha de inicio para trabajar los proyectos. Sus funcionarios han roto cada uno de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, y también aquellos acordados desde que usted asumió la presidencia. Las secretarías a su cargo nos aplazan y niegan cada vez más al acceso urgente a atención a la salud y a agua libre de metales pesados. Sus funcionarios no están haciendo un trabajo desde el territorio, ignoran completamente nuestra forma de vida y sólo se limitan a prometer obras y a señalarse los unos a los otros como responsables de cumplir. Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso un retroceso, que debería preocuparle a su oficina, y a todo México.
Desde los Comités de Cuenca Río Sonora les decimos que no vamos a aceptar estas reuniones simuladas, que juegan con nuestro dolor. ¿Por qué? Porque la utilizan para rendir informes de «avances» que nada tienen de realidad. Porque avance no es venir a decirnos lo mismo una y otra vez. Tampoco es dejar el problema en manos de un gobernador que después de cuatro años de gobierno por fin se presentó ante nosotros solamente a pedido de las autoridades federales. No es posible que quieran delegar funciones que la federación está obligada a cumplir.
Además, el gobierno del Estado de Sonora ha decidido priorizar los contratos con empresas privadas sobre el bienestar de las comunidades. ¿Sabe la población que las plantas potabilizadoras propuestas en el río Sonora están delegadas a empresas privadas? Esto ha llevado a la pérdida de autonomía comunitaria y a que la transparencia sobre análisis de agua sea inexistente entre los pueblos. El gobierno estatal pretende delegar servicios para garantizar acceso al agua a empresas privadas con el propósito de evitar la participación ciudadana y la rendición de cuentas a la que tienen derecho las comunidades.
Los pueblos merecen saber que nuevamente la SEMARNAT y la CONAGUA están incumpliendo su promesa de construir plantas potabilizadoras en cada comunidad, reduciendo nuevamente la cantidad de plantas a 22. Esto suena idéntico al momento en que el gobierno de Claudia Pavlovich anunció la primera reducción de plantas prometidas por el Fideicomiso Rio Sonora. Debe ser claro que en este momento solo existen seis plantas, y ninguna de ellas da garantía de separación de metales pesados.
La población merece saber que mientras nos niegan agua limpia por falta de presupuesto y voluntad política, sí hay dinero y tiempo para construir presas. ¿Cómo ordenan sus prioridades? ¿Cómo deciden construir presas en lugar de invertir en la salud de los habitantes del rio Sonora? En once años, las autoridades no han sido capaces de resolver la problemática del caso del río Sonora, y en cambio, en cuestión de meses han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactaría en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas. Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo.
Presidenta Claudia Sheinbaum, le pedimos que hable del Río Sonora en las conferencias matutinas, le pedimos que evidencie a Grupo México, que se pronuncie al respecto para que paguen. Pedimos que se posicione, como experta en temas ambientales, sobre los daños que dejó la contaminación y los posibles daños al ecosistema que podrían causar las presas que buscan construir sobre río Sonora. Diga abiertamente que Grupo México no quiere acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es suficiente decir que deben hacerse cargo, hay que hacerlos pagar. Grupo México disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas.
¿Hasta cuándo Grupo México seguirá manipulando al gobierno? ¿Hasta cuándo van a tener gente afín a la empresa en las instituciones gubernamentales? ¿Quién está protegiendo a Grupo México? ¿Quién cuida al río Sonora mientras los gobiernos hacen acuerdos con la empresa? El Estado no tiene la fuerza para enfrentarse a estas empresas ecocidas. Y lo han demostrado sexenio tras sexenio.
El Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población, y está permitiendo que una empresa como Grupo México siga operando sin castigo, sin reparación del daño y con el respaldo de su silencio. El Estado está obligado a garantizar los derechos humanos y a hacer que las empresas cumplan con sus responsabilidades, porque en el caso del río Sonora, como en muchos otros de México, quienes ganan siempre son las minas y quienes pierden siempre somos nosotros.
A todas y todos quienes escuchan nuestra voz, en el río Sonora:
No hay un plan de remediación
No existen proyectos de atención a la salud
No tenemos acceso a agua limpia
No existe voluntad política
Nuestras demandas son claras, urgentes y totalmente justificadas:
1. La calendarización inmediata de un plan integral de atención a la salud de las comunidades afectadas.
2. La construcción de un hospital multidisciplinario capaz de cubrir los tres niveles de atención para enfermedades ambientales y tóxicas.
3. La instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures.
4. La funcionalidad total de las 30 plantas potabilizadoras con filtros para metales pesados, ya que los pozos siguen contaminados, especialmente en época de lluvias.
5. Un programa de remediación ecológica del río, con base científica y socialmente participativo.
6. Que se nombren responsables institucionales, se asigne presupuesto, y se incluya cronograma público de cumplimiento.
Atentamente
¡Remediación y No Repetición!
Comités de Cuenca Río Sonora.