Cananea, Sonora, a 06 de agosto de 2024.- El 6 de agosto de 2014, se produjo una emergencia ambiental, debido a fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre donde se realiza extracción de cobre y molibdeno, perteneciente a la empresa Grupo México, en Cananea, Sonora, donde por la inadecuada construcción del sistema de presas Tinajas 1 se derramaron 40 mil litros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado (CuSO4) en el Arroyo Tinajas, a lo largo de 72 kilómetros, fluyendo desde los ríos Bacanuchi y Sonora hasta la presa Molinito, que surte de agua a la ciudad de Hermosillo.
El número de afectados ascendió según dstos oficiales a 24 mil habitantes de los municipios: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y la zona rural de Hermosillo. En el mismo mes en que ocurrió el derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó una denuncia contra el complejo minero Buenavista del Cobre, de Grupo México. El resultado del litigio fue que en septiembre de 2015 se le generó la obligatoriedad al consorcio de reparar los daños, por lo que se creó el Fideicomiso Río Sonora con 2 mil millones de pesos, dicho fideicomiso fue presidido por el que en ese momento era el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT.
Del monto total destinado para llevar acciones de mitigación, meses después se ejerció el 61%, es decir, mil 231 millones de pesos; faltando la aplicación de casi 800 millones de pesos.
En el año 2017 el Fideicomiso fue declarado extinto, con el aval del entonces secretario de medio ambiente. Adicionalmente, en el mismo año en el que ocurrió el derrame se realizó el Programa de Remediación que incluyó: Estudio de Caracterización del sitio, Investigaciones Históricas, Estudio de Evaluación de Riesgo Ambiental y la Propuesta de Remediación, entre estos documentos se incluyó un Plan maestro para la zonificación del sitio.
El Programa de Remediación presentó múltiples fallas y no se cumplieron los objetivos del mismo, además de que los criterios de aplicación fueron demasiado laxos y por ello las comunidades se inconformaron. Fue en el 2019 cuando el entonces Secretario de Medio Ambiente informó que la PROFEPA, tras una visita para supervisar de la contaminación presente en los suelos, detectó que se rebasaban los limites relativos a la presencia de metales. Tras la defensa legal de los afectados por el derrame, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el año 2020, conceder el amparo a las comunidades afectadas del río Sonora contra las empresas pertenecientes a Grupo México y, con ello, reactivar el Fideicomiso.
Es en este punto donde destaca la intervención de la organización “Comités de Cuenca Río Sonora”, un movimiento social que surge de aquellas personas que conforman los pueblos afectados por el derrame de solución de cobre acidulada de Grupo México; quienes han impulsado desde la vía legal la defensa por recuperar señalan un medio ambiente sano y, con ello, su lucha se extiende a la defensa de la vida.
Es precisamente esta organización quien pidió al Gobierno de México acciones urgentes para la remediación y justicia sobre este caso, en ocasiones reiteradas.
Cabe señalar, que desde septiembre de 2020 el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al sector ambiental dar celeridad en la investigación del derrame en río Sonora, así como la entrega de apoyos del fideicomiso. Actualmente la SEMARNAT no reconoce que se haya remediado el daño y menos aún que el fideicomiso cumpliera su objetivo, pues aunque dicho instrumento fue reabierto por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Comité que es necesario para su funcionamiento no se ha podido reunir.
Desde el 17 de agosto de 2023 existe una denuncia presentada en la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora, presenta por la actual SEMARNAT, en contra de las empresas: Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, todas ellas de Grupo México, por ello, la SEMARNAT solicita a la empresa responsable del derrame entregue un nuevo programa de remediación, el cual debe ser integral (agua, suelo, aire, flora, y fauna), y sobre todo, tiene que ser avalado por las comunidades afectadas y también debe contar con la autorización de dicha dependencia.
Este martes, el Gobernador Alfonso Durazo, emitió un desplegado donde señaló que sin regateos apoyará a estas comunidades y puntualizó las acciones que ya se han tomado en su gobierno para subsanar las necesidades de la población.
En Hermosillo, se llevaron a cabo foros donde se expusieron inquietudes de parte de pobladores y activistas, se dio la construcción de un antimonumento y se proyectaron frases de protesta y exigencia de remediación. En cuanto a Cananea y a la mayoría de los municipios implicados del Río Sonora, el hecho pasó prácticamente desapercibido.