Hermosillo, Son., febrero 11 de 2021.- Para garantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva o visual, el Congreso del Estado aprobó reformas a diversos ordenamientos jurídicos que permitirán a las autoridades estatales la posibilidad legal de que puedan capacitar a servidores públicos en materia de Lengua de Señas Mexicana y del sistema de lectoescritura Braille.
Los ordenamientos reformados son las leyes para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, de la Defensoría Pública, de Atención a Víctimas, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Orgánica del Poder Judicial, de Salud, de Educación, de Cultura Física y Deporte, de fomento de la cultura y protección del patrimonio cultural y de fomento al turismo para el Estado de Sonora.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad presentó en sesión virtual el dictamen que se elaboró con base a una iniciativa que el 3 de septiembre de 2020 presentaron los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, quienes propusieron que las autoridades estatales puedan celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, o con organizaciones civiles o sindicales.
El objetivo es capacitar de manera permanente y gratuita en materia de Lengua de Señas Mexicana y del sistema de Lectoescritura Braille a su respectivo personal, para que estén en condiciones de atender adecuadamente a las personas con discapacidad o en situación de discapacidad que requieran sus servicios y, de esa manera, garanticen el debido respeto a sus derechos humanos.
La comisión dictaminadora estableció en uno de los considerandos que con la entrada en vigor de estas reformas, los servidores públicos deberán recibir dicha capacitación, sin que se vean forzados a afectar significativamente sus recursos presupuestales, “siendo esto último el principal impedimento para que se dé cabal cumplimiento a las disposiciones normativas que buscan garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad”.