En 2009 Napoleón Gómez U. enviaba carta a Senadores, «Ustedes tienen la palabra para solucionar conflicto minero»

Cananea, Sonora a 28 de Enero de 2018.- El día 01 de Octubre de 2009, el Secretario General del Sindicato Minero Napoleón Gómez Urrutia, enviaba una carta extensa al Senado de la República, aludiendo a una serie de atropellos de los que aseguraba era objeto el Sindicato y todo el gremio minero al tener en ese entonces (2009) 3 años de haber iniciado las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco  y donde hacía hincapié la injerencia y  responsabilidad que tenían los Senadores tanto para que se resolviera el conflicto minero, como para que se le retirase la concesión de las minas en huelga al Grupo México, por no comportarse decía, como una empresa responsable.

Poco después de enviada la carta, hubo un revés para el Sindicato, la huelga en Cananea fue declarada como inexistente y meses después, fue re aperturada la mina con un nuevo nombre «Buenavista del Cobre» y una nueva razón social. Con ello y hasta la fecha, negando la posibilidad de que los trabajadores de la Sección 65, regresaran a su labor como mineros.

11 años y medio después, Napoleón Gómez Urrutia, está del otro lado fungiendo como Senador de la República, ¿es ahora él quien entonces estaría ostentando esa responsabilidad de solucionar el añejo y complejo conflicto minero?.

SE RETOMA TAL CUAL LA CARTA DIRIGIDA AL SENADO Y PUBLICADA EN LA REVISTA «CARTA MINERA».

Mensaje del compañero Napoleón Gómez Urrutia, Secretario Ge­neral del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúr­gicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, al H. Senado de la República, en ocasión de la “Caravana por la Jus­ticia y por la Dignidad Minera” con la cual se demanda la solu­ción al conflicto minero y a las tres huelgas de Taxco, Cananea y Sombrerete. 1º de octubre de 2009.

Estimados y distinguidos Senadores y Senadoras:

Para mí es muy grato dirigirme a Us­tedes en este día, en que compañeros nuestros, trabajadores mineros, con sus dirigentes locales, realizan a la Ciudad de México una marcha con la que cul­mina la Caravana por la Justicia y por la Dignidad Minera, iniciada el domingo 27 en la Ciudad de Cananea, Sonora, la cual atravesó cinco estados del nor­te de la República.

El objetivo de esta Caravana Minera es demandar a diversas dependencias y funcionarios federales su mejor dispo­sición para solucionar en definitiva el conflicto minero, que suma ya más de tres años de haberse iniciado sin que hasta el momento de parte del gobier­no y de las empresas involucradas en el mismo, se hayan dado pasos tangi­bles para dejar atrás el estancamiento en que se encuentra.

Los trabajadores mineros también han acudido este día a la capital de la Repú­blica para exigir se solucionen, dentro de la ley y con justicia para los traba­jadores, las huelgas de Cananea, So­nora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que a su vez suman ya más de dos años de estar en vigor, con el consiguiente sacrificio de los mineros y sus familias, así como de las pobla­ciones en que se enclavan dichos cen­tros de trabajo.

Todo esto es debido a las actitudes negativas de un pequeño núcleo de in­tereses y de fuerzas políticas y sociales. Hablo de la evidente irresponsabilidad política y social de dos actores que han operado en complicidad: la empresa Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y el gobierno fe­deral. Todo el conflicto minero y esas tres huelgas son un capítulo inaudito, nunca antes registrado en la historia social de México, que pudo ser resuel­to desde el primer momento con sólo que el gobierno federal y sus represen­tantes se ajustasen a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y al correc­to sentido político y social; y con sólo que atendieran positivamente el pun­to de vista y los intereses genuinos y justos de los obreros agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mi­neros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Si­milares de la República Mexicana, que me honro en encabezar y dirigir.

No ha sido así. El anterior y el actual gobierno federal han llevado estas huel­gas al extremo de la ruptura del Pac­to Social. Y no sólo eso, sino que han desarrollado una empecinada persecu­ción política y judicial contra los tra­bajadores mineros, contra el Sindicato Minero y contra sus dirigentes.

Han sido muy profundos los efectos del conflicto minero simbolizados en las huelgas de Taxco, Guerrero; Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas, jun­to con los efectos coincidentes de otras persecuciones como la muer­te por homicidio industrial de 65 mineros en Pasta de Conchos en fe­brero de 2006, cuatro asesinatos de trabajadores y otros hechos no me­nos punibles, como la congelación de los fondos bancarios personales, familiares y del Sindicato con la in­tención de asfixiar nuestra lucha, y la pretensión de suplantar a los au­ténticos dirigentes sindicales mine­ros con supuestos líderes charros o a modo de las empresas.

Estos hechos han corroído y causa­do graves laceraciones al tejido labo­ral que se sustenta en la conciliación y en la equidad que el gobierno tie­ne como su responsabilidad ante los factores de la producción, pero que viola e incumple impunemente. El gobierno, especialmente la Secreta­ría del Trabajo y Previsión Social, ha operado como si fuera una depen­dencia del grupo industrial minero más voraz de ganancias de México, y no como el poder público que bus­ca la conciliación y el avenimiento entre las partes en conflicto.

A partir de esta parcial y perver­sa conducta gubernamental, se ha operado un enfermizo estado de ten­sión en todo el país, creado por el propio gobierno, el cual en traición y olvido de los preceptos legales y constitucionales a los que debe obe­diencia, no sólo NO se ha propues­to conciliar intereses, sino que ha vulnerado el estado de derecho que dice sostener, y pretende convertir un problema laboral en un asun­to penal, para dirimirlo en los mi­nisterios públicos y en los juzgados penales, antes que en las instancias laborales, únicas a las cuales estricta­mente corresponde. De esta manera ha convertido un problema laboral de relativamente fácil solución, en un laberinto de procesos judiciales y penales que jurídicamente no tie­nen sustento, según se ha demos­trado en todos y cada uno de los procesos en que el poder judicial ha actuado, ya que invariablemen­te le ha dado la razón al Sindicato Nacional de Mineros.

Es claro que el gobierno fede­ral ha violado sistemáticamente la Constitución y los derechos huma­nos al repetir las mismas falsas acu­saciones por los mismos supuestos delitos en más de una ocasión, tal como jurídicamente lo prohíbe la Carta Magna, y actuando en con­tra del principio de NON BIS IN IDEM, o sea, el de que nadie pue­de ser acusado más de una vez por el mismo asunto. Pero el gobierno también ha violado el principio de presunción de inocencia al librar órdenes de aprehensión que no tie­nen sustento jurídico.

El Sindicato Nacional de Mine­ros que me honro en encabezar, exige un juicio político contra los responsables de estas permanentes violaciones al Estado de Derecho en México. Lo que ha pretendi­do el gobierno es un linchamiento cruel e injusto, que debe ser seve­ramente castigado por el Senado de la República.

La solución de cada una de las tres huelgas es parte de un todo. Las tres huelgas fueron estalladas por los trabajadores el 30 de julio de 2007 en respuesta a las graves violaciones a los Contratos Colec­tivos de Trabajo y a la agresividad del sector patronal, esto es, de una sola empresa, el Grupo México de Larrea Mota Velasco. Nunca Gru­po México ha planteado allanarse a un justo trato en la relación con sus obreros, sino hacer su volun­tad por encima y en contra de la ley y de los derechos obreros. Y en los tres casos han sido equivalen­tes las violaciones a los contratos colectivos de trabajo por la misma empresa.

Así es como estas huelgas han lle­gado a un gravísimo estado de es­tancamiento. A más de dos años de iniciadas las huelgas, y detenida la producción normal de dichos cen­tros de trabajo, es evidente el de­caimiento de los niveles de vida en Cananea, Sombrerete y Taxco.

Sólo la solidaridad de los demás trabajadores mineros mexicanos, y de organiza­ciones internacionales de mineros y metalúrgicos, ha hecho posible que los trabajadores en huelga subsistan estos más de dos años.

Es evidente e insoslayable que esa empresa, Grupo México, actúa por concesión del Estado para explotar fundos mineros o realizar activida­des de transformación metalúrgicas o siderúrgicas, con base en recur­sos que pertenecen a la Nación, en cuya consideración debía actuar con responsabilidad.

Cuando una empresa como Gru­po México es incapaz durante más de dos años de conciliar intereses con su sector laboral, con sus tra­bajadores, y mantiene en estanca­miento la producción y en brutal anemia a las poblaciones locales, es que ha llegado el momento de que el Estado le retire estas concesiones a Grupo México, para otorgárselos a empresarios que sí sepan encon­trar los caminos para mantener la producción a flote, con beneficio para ellas, para sus trabajadores y para las poblaciones donde operan sus centros de trabajo.

Además, Grupo México ha falla­do en otro aspecto medular, por el cual el gobierno ya debería haber­le retirado la concesión. Su incapa­cidad para establecer condiciones básicas de seguridad industrial y de higiene en el trabajo. Hace tres años me permití plantear que debe promulgarse una ley que penalice, incluso con la cárcel, y hoy se las reitero a ustedes, a los empresarios socialmente irresponsables que no cumplan con las normas de seguri­dad e higiene industrial, que pro­tejan la vida y salud de nuestros trabajadores. Ya es el momento de que Grupo México sea castigado por estos incumplimientos, que han provocado muchas muertes de mi­neros, y eso a la vez amerita, sin duda, que se le retire la concesión para la explotación de fundos mi­neros y para la transformación de materiales provenientes de la tie­rra, que es riqueza de la Nación, no de los particulares. En esto, se­ñores senadores, Ustedes tienen un papel muy importante qué jugar, más allá de partidos y de siglas.

No es concebible que los actua­les detentadores del poder público no se den cuenta de esta incapaci­dad empresarial, a más de dos años de iniciadas y no resueltas las tres huelgas mineras, lo cual significa que, dándose cuenta de esta irres­ponsabilidad empresarial, lo que hacen es apoyar a Grupo México y sus intereses, mientras la produc­ción minera de esta empresa se des­ploma, sufren los trabajadores y sus familias y se registran graves daños en las economías locales.

El gobierno federal durante nue­ve años de dos mandatos presiden­ciales, los de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, jamás le ha exigido a Grupo México que cumpla con la responsabilidad so­cial enunciada anteriormente. Por el contrario, se ha sumado activamente a las persecuciones de esa empresa, haciéndolas suyas, y ha emprendi­do con la mayor virulencia la per­secución política, laboral y judicial contra los trabajadores mineros, su Sindicato y sus dirigentes. Tal per­secución evidentemente no es legal pues se basa en calumnias y men­tiras contra los trabajadores y sus dirigentes.

Pero el gobierno, en complici­dad con Grupo México, y ahora con otras empresas, cada vez que el Sin­dicato gana un litigio judicial, le­vanta nuevas acusaciones contra él y sus dirigentes, igual de ilegales y jurídicamente insustentables, pero que mantienen el problema en el es­tancamiento. Lo cual sólo se puede interpretar o leer como el designio de acabar con el sindicalismo in­dependiente y democrático, como lo demuestran las últimas agresio­nes seudo legales del titular de la STPS, Lozano Alarcón, por ejem­plo, contra el Sindicato Mexicano de Electricistas y contra el organismo de los sobrecargos de aviación, y otros más.

A pesar de todo eso, mis compa­ñeros mineros y yo hemos trabajado duramente en procurar beneficios eco­nómicos y sociales a los agremiados al Sindicato. En más de 60 revisio­nes de Contrato Colectivo de Tra­bajo que llevamos realizadas sólo en este año, hemos conseguido aumen­tos de hasta 8 por ciento directo al salario y de 7 por ciento en presta­ciones, en promedios muy por enci­ma de los niveles que se alcanzan en otros ámbitos laborales del país. Esto fue lo que ocurrió recientemente en la revisión contractual de nuestra Sec­ción 271 en el Puerto Industrial Lá­zaro Cárdenas, Michoacán, después de una huelga de un mes, donde el Sindicato y la Empresa dieron una muestra de que sí es posible atender los intereses de los trabajadores y de las empresas, cuando hay buena vo­luntad de conciliación de las dos par­tes. Pero esto demuestra también que sin la interferencia de autoridades que niegan su papel conciliador, el Sindi­cato siempre está dispuesto a nego­ciar con las Empresas que entienden el papel constructivo del Sindicato y sus trabajadores, que son quienes le generan a ellas las utilidades que les permiten ser competitivas en el mercado. Nuestro Sindicato siem­pre ha estado y está a favor de sus agremiados y del beneficio de sus familias, pero también de las fuen­tes de empleo

El Senado de la República creó el 23 de abril de 2009 la Comi­sión Especial para dar Seguimien­to a la Huelga de Cananea, pero en sus sesiones ha aflorado que no es sólo esta huelga, sino las de Taxco y de Sombrerete, que forman un todo integral. El gremio minero tra­bajador mantiene su confianza en que esta Comisión asuma su papel como parte de uno de los tres Po­deres de la Unión, y siente las ba­ses de una solución real al conflicto minero.

Señores Senadores y señoras Se­nadoras: Ustedes tienen la palabra y esta es muy importante para solu­cionar el conflicto minero y quitarle al país un motivo más de zozobra, de los muchos que se ciernen con motivo de la profunda crisis econó­mica y social que padecemos. Uste­des, señores Senadores y Senadoras, tienen un papel sumamente impor­tante qué jugar en la solución inte­gral del conflicto minero.

RESUMEN

En resumen y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Es­tados Unidos Mexicanos, pedimos su intervención para que:

1. 1. Cese la violación a la autonomía sindical y se respeten las deci­siones de los trabajadores en el seno del Sindicato.
2. 2. Termine la campaña de despres­tigio en contra del Sindicato y su Secretario General.
3. 3. Se me entregue la Toma de Nota como Secretario General, elec­to en forma democrática y uná­nime.
4. 4. Se castigue a los responsables –Grupo México y sus conseje­ros–, de los homicidios en Pas­ta de Conchos y Michoacán.
5. 5. Termine la absurda persecución penal en la que los mismos he­chos han sido inconstitucio­nalmente imputados en forma reiterada y en distintos Esta­dos y Fueros.
6. 6. Se impida que Grupo México y las autoridades laborales pa­sen por encima del derecho de huelga e incluso pretendan ile­galmente terminar las relacio­nes colectivas e individuales en Cananea.
7. 7. Se retiren a Grupo México las concesiones que el gobierno le ha proporcionado, en virtud de que no ha sido capaz de pro­veer condiciones de seguridad e higiene en las minas y facto­rías que administra, y de que en más de tres años ha sido in­capaz de arreglar las relaciones con sus trabajadores y el Sindi­cato Nacional de Mineros.
8. 8. Se integren las denuncias que el Sindicato ha presentado (homi­cidios, robo de expedientes, fal­sificación de firmas, abusos de autoridad), ya que PGR simplemen­te las mantiene congeladas.
9. 9. Se liberen todas las cuentas tan­to personales y familiares y las del Sindicato aseguradas ilegal, inmoral e inconstitucionalmen­te, así como que se desaseguren todos los bienes muebles e in­muebles sindicales.
10. 1 Se ponga en libertad a Juan Li­nares Montúfar, Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, que no es más que un preso político a quien se le acusa de hechos que ya han sido mo­tivo de sentencias que determi­nan que no se cometió ningún delito.