Severa derrota legal de Germán Larrea y Grupo México en la huelga minera de San Martín Sombrerete, Zacatecas
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA
–Boletín Informativo—
4/2018
Domingo 21 de enero de 2018
*Severa derrota legal de Germán Larrea y Grupo México
en la huelga minera de San Martín Sombrerete, Zacatecas
*Un amparo de la jueza Rebeca Patricia Ortiz Alfie obliga a
los esquiroles de Grupo México a abandonar la mina
*La huelga de Sombrerete, que dura 10 años, debe seguir
El 15 de enero de 2018, la Lic. Rebeca Patricia Ortiz Alfie, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, concedió el amparo al SindicatoNacional de Mineros que dirige Napoleón Gómez Urrutia como su Presidente y Secretario General.
El amparo está ubicado con el expediente 1550/2017-I, contra los actos del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, JFCA, que había protegido a Grupo México hasta el 13 de agosto de 2017, utilizando la demanda que un sindicato blanco auspiciado por ese consorcio, interpuso por la titularidad del contrato colectivo de la mina de San Martín Sombrerete, cuando Rafael Avante Juárez –afín a Larrea– era subsecretario de Trabajo, y Gary Pérez, su ex colaborador y ex funcionario, laboraba para la Junta Federal, el cual es ahora abogado de Germán Feliciano Larrea, dueño de Grupo México y concesionario de la mina de Sombrerete.
La resolución del amparo concedido al Sindicato Minero tiene como propósito obligar a la Junta a proceder a la entrega a los trabajadores en huelga del Sindicato Nacional de Mineros, de las instalaciones de la mina de Sombrerete, ocupada desde agosto de 2012 sucesivamente por dos sindicatos charros distintos, pero auspiciados ambos por Grupo México. Esto supone que la JFCA debe estudiar: “la nulidad y cancelación del registro de los miembros del sindicato actor que cuentan con doble militancia sindical, así como la entrega de las instalaciones de la fuente de trabajo, donde está declarada la huelga estallada.”
Es decir, el sindicato blanco tomó con violencia y en transgresión a la ley, la mina en estado de huelga, con el patrocinio de Grupo México, por lo que sus esquiroles tendrán que salir y dejar que la huelga legal y existente siga su curso. Por otro lado, el sindicato blanco, actor en el juicio, presentó un padrón de socios falso, con 187 obreros que no lo son: 160 por doble militancia sindical y 16 que fueron cesados, todos los cuales quedan invalidados para un eventual nuevo recuento de votos, en el cual ya no participarían, a los que se suman 11 muertos.
En efecto, Grupo México había creado el Sindicato Nacional de Trabajadores de “Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la RM” (SNTEEBMRM), un sindicato charro, blanco o patronal con sede en Monterrey, para usarlo como su instrumento en este y otros litigios laborales, entre los que se encuentra el de la mina de Sombrerete, Zacatecas. Ese sindicato charro de Larrea fue utilizado por Grupo México para demandar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, CCT, que tenía el Sindicato Minero Nacional, el 14 de agosto de 2013, demanda que se hizo no obstante el estado de huelga, que prohibe a la autoridad modificar el status legal de la mina mientras se mantiene el movimiento, pero con sus golpeadores el Grupo México usó al sindicato charro para desalojar a los huelguistas por la fuerza, con la complacencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Por más que se le exigió a la Junta Federal que cumpliera la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, LFT, y los tratados internacionales, para respetar la huelga minera, pues todo acto de violencia y uso de esquiroles está prohibido, la JFCA se negó a cumplir la ley, permitió que los esquiroles la invadieran y solapó que siguieran hasta hoy ocupando la mina.
Antes, del 31 de agosto de 2012 al 12 de agosto de 2013,
Grupo México usó a un sindicato de la CROC para demandar la titularidad del CCT de la mina de San Martín Sombrerete, pero Germán Larrea y la CROC perdieron el recuento de votos el 16 de noviembre de 2012 ante los auténticos mineros, pese a la violencia y las agresiones cometidas, no obstante que alteraron el padrón de socios y a pesar de la propaganda y gastos de presión de la empresa. Por todo esto Grupo México sustituyó a la CROC por el sindicato blanco de Monterrey ya mencionado.
Así, Grupo México prefirió agredir la huelga con violencia desde el 31 de agosto de 2012 hasta hoy, en vez de buscar una solución legal conciliatoria, como la gran mayoría de huelgas se resuelven.
Fueron 6 años y medio de acciones ilegales y violentas de Grupo México contra la huelga minera que inició el 30 de julio de 2007 hasta la fecha, hace 10 años cumplidos, por la inseguridad e insalubridad en las minas, que el consorcio de Larrea se negó a resolver, protegido por el secretario de Trabajo, el nefasto Javier Lozano Alarcón, el subsecretario Rafael Avante Juárez –involucrado con Larrea– y el entonces secretario de asuntos colectivos de la Junta Federal, Gary Pérez, hoy abogado de Grupo México.
Igual ocurrió con el secretario de Gobernación desde 2008 hasta 2010, Fernando Gómez Mont, del gabinete de Felipe Calderón (presidente del país de 2006 a 2012). Gómez Mont, antes y después de ser funcionario de Gobernación, fue abogado de Grupo México.
En su paso por Gobernación , ilegalmente se movió para acabar con la huelga de Cananea, dar por terminadas las relaciones colectivas de trabajo, poder entregar la mina a un sindicato de la CTM y hacer del Contrato Colectivo de Trabajo existente uno nuevo de protección patronal, ya denunciado ante la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Todo lo cual acredita que el Sindicato Minero Nacional y nuestro dirigente Napoleón Gómez Urrutia siempre hemos luchado en los marcos estrictos de la legalidad por los derechos e intereses de los mineros, por lo que con base en la ley y en la resolución del amparo que se comenta, demandamos el desalojo inmediato de los golpeadores del sindicato charro que han estado apoderados de la mina de San Martín Sombrerete hace 5 años (de 2012 a 2018), en el marco de la huelga legal que ya dura más de 10 años (desde julio de 2007 hasta enero de 2018).
Esta es una resolución histórica de la Jueza Rebeca Patricia Ortiz Alfie, que pone en evidencia los recursos ilegales y sucios del consorcio Grupo México encabezado por el segundo millonario de México y sus cómplices entre las autoridades, pero también revela el apego al derecho de nuestro Sindicato y nuestro dirigente máximo Napoleón Gómez Urrutia.
Imagen cortesía: El Heraldo de Veracruz