Por: Oscar Yescas Domínguez
14/abril/2016
En una sociedad que promueve la desigualdad social en la que quienes tienen el poder lo ejercen para favorecer intereses privados, los trabajadores y población en general son quienes pagan las consecuencias. Sobre todo si esta sociedad se encuentra sumergida en una crisis que afecta todos los niveles de convivencia social.
Desde hace varias décadas nos han vendido la idea de que en México y varios países de Latinoamérica, nos encontramos dentro de una crisis económica. Con este argumento se nos han impuesto políticas económicas que incluyen topes salariales para las demandas de los trabajadores organizados en sindicatos, aumentos de precios en diversos artículos y de servicios en general.
Nos han mentido tanto y de tal forma que llegamos a creer que estamos viviendo momentos de crisis económica y hemos aceptado que nos limiten nuestros ingresos económicos, que aumente el costo de la vida y poco a poco ha ido aumentando la cantidad de millones de personas que viven en condiciones de pobreza.
Pero sólo basta ver la riqueza que rodea a nuestros políticos y legisladores para comprobar la falsedad de esta crisis. O simplemente recordemos los altos sueldos que perciben y que tenemos la enorme contradicción de tener el avión presidencia más caro del mundo.
No conformes con esto, la avaricia y corrupción de quienes han estado en el poder, en fechas recientes nos han eliminado derechos laborales y sociales que estaban contemplados dentro de nuestras constituciones. En México, nos impusieron por la fuerza una serie de contrarreformas a la constitución:
La reforma laboral, con la que los trabajadores perdimos el derecho a la estabilidad laboral, a la contratación colectiva, a la jornada de ocho horas, al pago por semana o quincena y los nuevos trabajadores padecen hoy la incertidumbre de encontrar un trabajo en el que puedan hacer carrera profesional y el pago que reciben hoy en día es cada vez más insuficiente.
La reforma energética con la que perdimos a la institución gubernamental que antes otorgaba el 40% de los ingresos gubernamentales. Perdimos soberanía y hoy nos dicen que México importará miles de barriles de petróleo, con lo cual pasamos de ser un país exportador de petróleo a ser un país importador del mismo, con lo cual nuestra economía se hace cada vez más débil y dependiente de intereses privados.
La Reforma Educativa que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación básica y media superior, que busca acabar con la educación pública, favorecer a la educación privada y condenar a la ignorancia y analfabetismo a millones de niños mexicanos.
Poco a poco el Estado mexicano abandona su papel de benefactor social y adopta una actitud de autoritarismo que raya en el totalitarismo al intentar controlar a la población para que acepte la imposición de estos cambios en la estructura gubernamental y en el marco legal que rige a nuestra nación.
El trasfondo real es que se busca privatizar todo tipo de servicios para favorecer intereses corporativos que sólo buscan una ganancia económica en perjuicio del bienestar social, sin importar el sufrimiento de la población ni el que se condene a la niñez y juventud a un negro porvenir sin esperanzas de desarrollo social.
Los derechos laborales y sociales siguen siendo eliminados progresivamente y para eliminar cualquier tipo de resistencia en esta aventura privatizadora, se busca desprestigiar a los sindicatos que se atreven a levantar la voz en defensa de los intereses laborales y sociales de sus agremiados.
Se maneja el discurso falso de la crisis económica y la necesidad de apretarnos el cinturón con políticas de austeridad para denostar a aquellos trabajadores que hacen emplazamientos a huelga en demanda de sus derechos laborales.
Los integrantes de la cúpula en el poder hacen alianza con los legisladores para crear leyes que intentan criminalizar la protesta social, utilizan el apoyo de los dueños de los medios masivos de difusión para denigrar la imagen de los luchadores sociales.
De esta forma vemos el surgimiento de una verdadera delincuencia organizada que desarrolla una verdadera guerra contra la población social y que está integrada por Presidentes, Gobernadores, legisladores, dueños de medios masivos de comunicación, directivos de organismos financieros y de corporaciones privadas.
Su meta es eliminar todos los derechos sociales para privatizar los mismos, lucrar con su venta y esto incluye la desaparición de las universidades públicas y con ellas los sindicatos universitarios.
En este contexto de desmantelamiento y eliminación de derechos de los trabajadores se pretende desaparecer el recurso legal que tenemos los trabajadores que nos permite la defensa de nuestros intereses: la huelga.
Si bien hasta el momento no han logrado la aprobación de una iniciativa de ley que elimine de nuestra constitución el derecho que tenemos los trabajadores a utilizar la huelga como medio de presión para defender nuestros derechos laborales y sociales, sí han avanzado en la manipulación ideológica de una parte de la población que ve con malos ojos a aquellos trabajadores organizados que enarbolan la bandera rojinegra de huelga en defensa de sus derechos.
Este es el contexto en el cual el STAUS y el STEUS realizan sus revisiones salariales y contractuales con la Universidad de Sonora, cuyas autoridades administrativas encabezadas por su rector Heriberto Grijalva Monteverde se han caracterizado por provocar las huelgas de los sindicatos universitarios en los últimos años.
En este año del 2,016, se ha continuado con la misma política evasiva, provocadora y de desprecio hacia los sindicatos universitarios. Esto no debe sorprender porque es la misma película que hemos visto en los últimos siete años.
Lo que sí debe llamar la atención es que al interior de nuestro sindicato académico existan trabajadores que ante la descarada violación de nuestro contrato colectivo de trabajo al modificar en forma unilateral el Estatuto de Personal Académico (EPA) y de la insatisfactoria respuesta a la demanda de aumento salarial, tengan dudas de utilizar el recurso de la huelga como forma de lucha.
Las cartas están echadas a un día de la votación para decidir si vamos a la huelga o no. Existen motivos más que suficientes para rechazar las actitudes provocadoras de las autoridades universitarias y que nos empujan a tomar la decisión de irnos a la huelga.
La pregunta ya no es si vamos a la huelga o no. La pregunta real es ¿en qué condiciones nos lanzamos a la huelga?
El STAUS es un islote de democracia en una sociedad antidemocrática y autoritaria. Tenemos la oportunidad de realizar ejercicios democráticos al interior de nuestro sindicato académico de tal forma que las decisiones individuales se tornan decisiones colectivas.
La votación de este viernes es un ejemplo de ejercicio democrático que millones de trabajadores en México no tienen la oportunidad de hacerlo.
Partiendo de que la modificación unilateral al EPA es una probada violación a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y de que las respuestas a nuestras peticiones de aumento salarial son insuficientes, la decisión colectiva del día de mañana debe ser en el sentido de declararnos en huelga, porque como se afirmó hoy en asamblea, perderemos mucho más si aceptamos estas violaciones.
Es natural y comprensible que exista temor e incertidumbre sobre los efectos que tendrá un posible movimiento de huelga, tanto en la economía familiar, como en lo colectivo al interior de nuestro sindicato y a nuestra propia universidad. Pero recordemos que la huelga es el derecho que tenemos todos los trabajadores para luchar por la defensa de nuestros intereses laborales y sociales.
Los efectos adversos a un posible movimiento de huelga pueden ser reducidos en la medida de que tomemos consciencia de que no somos individuos aislados, sino que somos más de dos mil trabajadores académicos organizados en un sindicato democrático e independiente, que tiene una estructura que si la ponemos a funcionar nos dará una fuerza colectiva que nos permitirá cambiar el balance de fuerzas para obligar a las autoridades a responder positivamente a nuestras demandas que son fundamentalmente dos: aumentar el porcentaje de aumento salarial ofrecido y dar marcha atrás a las modificaciones unilaterales al EPA.
Debemos razonar nuestro voto el día de mañana y considerar que las condiciones actuales nos obligan a votar por la huelga para defender nuestros derechos laborales, pero tengamos presente que quien vote por la huelga se compromete a participar activamente en la misma para lograr una pronta solución al inminente conflicto.
Estos son momentos de unidad sindical en la defensa de nuestros derechos laborales, de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y sobre todo de respeto a nuestro derecho de huelga.